Por Ernesto Picco

El problema de la concentración mediática se ha instalado hace tiempo en la agenda pública. ¿Pero cuáles son específicamente los inconvenientes que genera este fenómeno? Básicamente, tres: la tendencia a la unificación de las líneas editoriales producto de la reducción de voces; la existencia de conflicto de intereses entre el propósito informativo y el entramado económico del grupo de comunicación concentrado; y la merma en la calidad de los contenidos por el uso de los recursos físicos y humanos para los diferentes medios y unidades de negocio, con una lógica de reducción de costos laborales y administrativos. Estos tres puntos son señalados en algunas de las publicaciones de Martín Becerra y Guillermo Mastrini, quienes en los últimos años se han convertido en los investigadores de referencia en Latinoamérica con respecto al tema de la concentración mediática, y han formado parte del grupo de académicos e integrantes de organizaciones sociales que dieron impulso a la Ley de Medios Audiovisuales sancionada en 2009 en nuestro país.

Días pasados, Becerra concedió una entrevista a la Revista Trazos para discutir algunos de los aspectos de sus temas de estudio. En este contexto de debate, sostiene un afirmación polémica: “el nivel de concentración mediática en 2012 es igual o mayor al que había en 2008”, y considera que todavía habrá que esperar algunos años para ver plasmados algunos efectos de la ley que apuntan a la desconcentración y a la pluralización de voces en los medios de comunicación.
En esta entrevista Becerra se refiere al problema de la concentración en el país, la región, y también en las provincias, en donde, asegura, los efectos de la concentración son “aún más perniciosos que los que se dan a nivel nacional”.
A continuación, la conversación completa que mantuvimos con Martín Becerra en Buenos Aires, seguida de algunas notas a pie de página que fueron redactadas con algunos datos y referencias para complementar sus reflexiones y comentarios.

EP: Para empezar quisiera preguntarte en qué momento crees que se encuentra hoy el debate por la Ley de Medios, pensando que si bien estuvo en el tapete durante el año pasado, con las dilaciones judiciales y de otro tipo ahora parece estar estancado, o haber caído en una especie de punto muerto.

MB: Venimos de un momento en donde, de manera inédita, comenzó a discutirse sobre la regulación de los medios. Eso no había sucedido nunca en la historia argentina y muy poco en la historia latinoamericana. Este momento de manera pública comenzó en el año 2008. Por supuesto que hay numerosas organizaciones y personas que mucho antes trabajaban sobre este tema pero no era público, no tenía visibilidad este debate. Se logró la sanción de la Ley de Medios en el año 2009, y desde entonces la discusión está fundamentalmente apuntada a la pelea entre gobierno y el Grupo Clarín. Entonces, desde mi punto de vista hay discusión sobre el tema de los medios, pero está contenida en torno de este eje. Y me parece que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene una enrome cantidad de disposiciones que no tienen directamente que ver con ese eje, y es verdad que estas otras discusiones, estas otras disposiciones que la ley plantea, yo no veo que públicamente se estén debatiendo.

EP: ¿Cuáles son los temas que crees que merecen más atención?

MB: Desde derechos de la niñez, presencia de cooperativas y actores comunitarios, pasando por las condiciones de prestación de servicio de todos los operadores, tanto privados como estatales, siguiendo por la falta de transparencia del accionariado de los operadores privados, que a pesar de que la ley lo dispone no dan cuenta pública de quienes son sus accionistas. Continuando por la falta de desconcentración del mercado en todos los grupos que no sean Clarín. Porque Clarín tiene una disposición cautelar de la justicia a su favor. También considerando la cuestión del dividendo digital de la aplicación de la ley en lo que hace a televisión digital terrestre, que francamente la política del gobierno en este rubro está apartada de lo que la ley está disponiendo. Hay una serie de disposiciones y de núcleos temáticos como estos que te menciono que por lo menos públicamente no aparecen y no generan discusión pública.

EP: Uno de los puntos difíciles y que ha generado polémica es el del papel del tercer sector, y la crítica que se hace con respecto a si en el marco de la ley no es un sector que también termina estatizado, ¿crees que realmente puede emerger un tercer sector con voz propia?

MB: Yo creo que es un actor que tiene su propia voz. Una de las novedades que tiene este momento de discusión que se abre en 2008 es la presencia de organizaciones sociales que jamás habían participado de la elaboración de políticas de comunicación en Argentina y que ahora sí lo hacen. Me dirás que en un rol subordinado. Sí, pero es un avance de lo que ocurría anteriormente. Ahora es cierto que hay muchas dificultades. Algunas tienen causas históricas a la hora de formalizar la presencia de este tercer sector, y otras causas no son históricas sino que para mí tienen que ver con limitaciones del gobierno, que es el principal interlocutor, y además ha sido uno de los principales, si no el principal posibilitador de que esto se alcanzase. Pero creo que tiene limitaciones objetivas a la hora de vitalizar un sector si no puede controlarlo. Creo que el gobierno está dispuesto, como lo hace, a sostener al sector, a cualquier sector, en este caso radios o televisoras sociales y comunitarias, siempre y cuando pueda controlarlas.

EP: Que eso es un poco ir contra el espíritu de la ley.

Claro. Pero además es ir contra el espíritu y contra las prácticas de las organizaciones sociales. Porque las organizaciones sociales se definen por ser no estatales. Cuando el estado las copta, dejan de tener esa vitalidad. Ahí hay una dinámica política y social de ida y vuelta. No quisiera que se entienda que yo creo que todas las organizaciones están en esa condición. Es una enorme pluralidad de organizaciones y de perspectivas. Yo las conozco, dialogo con ellas, me interesan, me nutro de ellas. Pero claramente ese movimiento de medios comunitarios y organizaciones comunitarias que aunque no tengan medios les interesa participar del juego de la comunicación, no es estatal. Pero a este gobierno le cuesta mucho tolerar la diferencia. Entonces cuando aparecen voces que cuestionen en algo el accionar del gobierno, inmediatamente esas voces no son incluidas en los planteos del gobierno, y quedan excluidas. Eso es lo que pasa con una parte importante. No es la mayoría, pero es una parte importante de las radios alternativas.

EP: En ese sentido, ¿qué ha cambiado en términos de expectativas? Hay sectores que están desilusionados, otros están más estimulados porque no habían seguido de cerca todo el proceso que se vino dando desde 2008 y de pronto lo ven y aprovechan para entrar en los espacios que se están abriendo…

MB: Creo que hay una parte importante de las organizaciones sociales, medios alternativos y cooperativas, que están muy comprometidos en intentar aprovechar las ventajas que les ofrece la ley para concretar el sueño de poseer legalmente una licencia y además de intentar aprovechar ventajas en el sentido de obtener recursos para financiar producciones. Claro, algunos de estos sectores – me consta – tienen esta dificultad que te decía: si no se encolumnan con la posición del gobierno tienen más dificultades para concretar ese sueño y por lo tanto las expectativas se van diluyendo. Otros no. Se encolumnan con el gobierno otienen una política de alianza, o son más versátiles, y se acercan más, obtienen mejores condiciones para desarrollar su actividad, y por lo tanto sus expectativas se potencian. En las universidades públicas, por ejemplo, han obtenido su licencia para emitir. Otra cosa son las dificultades objetivas. Todas las universidades que tienen problemas presupuestarios para impartir clases y hacer investigación, ni hablemos de tener un medio de comunicación. Entonces uno ve en el seno de las universidades esto que te estoy diciendo. Se encolumnan con el gobierno, que creo que son la mayoría de los colegas, y obtienen posibilidades para desarrollar su actividad, y eso estimula sus expectativas. Otros, que tenemos una posición crítica al gobierno pero firme defensora de la ley, tenemos una expectativa en la que observamos algunas cosas que se hacen bien, otras que no se hacen, otras que se hacen mal. Por ejemplo todo el capítulo de los medios públicos, que en la práctica son medios gubernamentales, oficialistas, en general – hay excepciones, en programas como Visión Siete Internacional – pero que son medios que contradicen lo que la ley dice sobre los medios públicos. La ley dice que los medios públicos tienen que ser una suerte de foro sobre la diversidad cultural y política. Y es algo que, de modo patente, no son.

EP: En este sentido el rol de las universidades es muy importante, y han tenido un papel protagónico. Te llevo entonces un poco a la cuestión académica. Hemos conversado sobre la participación social de las universidades, pero quisiera conversar ahora sobre la parte estrictamente investigativa. ¿Cómo ha avanzado en este contexto del que venimos hablando la corriente de investigaciones sobre economía y política de la comunicación?

MB: Venimos de una historia que ha tenido la génesis de los estudios de economía y política de los medios a fines de los sesenta y principios de los setenta. Una interrupción violenta a partir del año 74 con las gestiones de la derecha peronista y el terrorismo de estado de la dictadura militar. Con lo cual muchas de estas personas como Aníbal Ford, Heriberto Muraro, Héctor Schmucler, Margarita Graciano, entre otros, o tuvieron que irse del país, o si se quedaron tuvieron que cambiar de actividad. A partir de la recuperación del régimen constitucional en los años 80 el tema de economía y políticas no se vuelve a tomar. La agenda dominante en la comunicación en esos momentos fue el tema de los estudios culturales, la microfísica del poder, las traducciones de Foucault que llegaban. A partir de los 90 lentamente comienzan a reactivarse estos estudios, y al día de hoy llegamos con más o menos el capital de aquellos años iniciales de los años 70 interrumpidos, hoy por hoy con una lectura revisada de todo eso, y en algunas universidades tenemos grupos y en otras tenemos personas, que hace varios años desarrollan actividad en esta línea. Hay publicaciones, investigaciones hechas. Creo que hay masa crítica. Y hay una relación muy intensa con colegas del resto de América Latina. Y del mundo también.

EP: Eso se ha visto en algunos de los libros que publicaron con Guillermo Mastrini. Para la persona que no ha tenido lectura sobre este tema. ¿Qué singularidades tiene la Argentina con respecto a cuestiones de concentración mediática en relación a otros lugares del mundo, donde esto está regulado?

MB: En toda América Latina la regulación de la concentración de medios estuvo ausente, hasta ahora con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hace dos años que fue sancionada y hasta ahora no hay novedades. Hasta ahora el nivel de concentración en 2012 es igual al nivel de 2008. No hubo cambios. Si hubo cambios te diría que fue porque se incrementó un poco la concentración, no porque disminuyó. En algún momento bromeamos que en América Latina tenía una situación de mercado en estado puro, con la que sueñan los fundamentalistas del mercado. Eso es lo que ocurrió en el mercado de medios de América Latina durante toda su historia. Y los resultados están a la vista. Tenemos una concentración muy intensa en muy pocos conglomerados (1). Una producción que se restringe a la ciudad capital de cada país, una predominancia de lógica híper comercial de funcionamiento. El rating impone el tipo de programación. Una línea político editorial netamente volcada a la derecha. Muy reactiva a cualquier tipo de cambio incluso reformista o democrático. Ni siquiera hablo de los proceso de Evo Morales. Estoy hablando por ejemplo la oposición que O Globo ejerció contra Lula. Desde mi caracterización, el proceso de Brasil desde mi opinión ha sido un proceso de inclusión capitalista, ampliando las bases del sistema para que mucha gente pudiera acceder a un plato de comida, pero absolutamente dentro de las reglas del capitalismo de mercado. Y sin embargo, O Globo fue muy agresivo con Lula. El sistema de medios comercial, concentrado y centralizado en ciudades no solamente es de derecha por eso, sino que nunca acompañó la lucha por los derechos humanos en América Latina. Mientras pudieron, boicotearon esa lucha. Hablamos de libertades civiles. Recién se suman cuando la disputa por esta agenda de los derechos humanos ya es generalizada. Y esto ya es desde principios de los años 90 en la Argentina ya los medios de nuestro país hablan de dictadura, cuando antes hablaban de proceso. A partir de los 90 Videla y Massera ya eran dictadores. Llega un momento donde los medios aceptan, pero si no era una línea editorial muy reactiva a cosas elementales como esa.
En definitiva esto es lo que nosotros observamos. En América Latina las consecuencias de no haber regulado nunca la concentración del mercado derivaron en estos efectos que son medibles, que son palpables y observables. Y así como tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aquí que incorpora el tema de la concentración, también hay otros países de la región donde también se está empezando a discutir el tema, y eso me parece bienvenido (2). Creo que van a pasar algunos años hasta que veamos si estas nuevas regulaciones dieron los efectos virtuosos deseados o no.

EP: Hemos hablado un poco de la cuestión regional hacia afuera. Te llevo al interior del país, donde el tema de la concentración no es muy estudiado. ¿Cómo ves los estudios y esta realidad hacia el interior, donde la mitad de la población del país se informa de sus temas locales a través de estos tipos de medios?

MB: Conozco ese tipo de concentración. Es paradójico, porque en algún momento de los años 90 el avance de la concentración a nivel nacional representó también un avance sobre estos grupos locales, que vieron también amenazada su existencia. De hecho, los grandes grupos nacionales a nivel país compraron varias cabeceras: La Voz del Interior en Córdoba, Los Andes en Mendoza, La Capital de Rosario (3). Ahí hubo una disputa dentro de grupos concentrados en provincias o grandes ciudades, y entre los grupos concentrados a nivel nacional. Esa etapa ya pasó. Hoy están en una convivencia pacífica, donde hay acuerdos comerciales para proveerse o bien de programación en caso de los medios audiovisuales, o bien de contenidos nacionales, y después se nutre con el ingrediente local el multimedios, o el diario o la emisora de radio o televisión.
Yo comprendo y comparto lo que vos decís de que el efecto de estos grupos a nivel local es aún más pernicioso que el efecto de los medios concentrados a nivel nacional en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Porque la competencia entre comillas, las ventanas alternativas que existen en Capital Federal son distintas a las que existen en el interior del país. Y es verdad también, y no es casual, que se estudie muy poco esto en el interior del país. Son investigaciones muy poco bienvenidas porque son molestas. En las propias universidades no se alientan este tipo de investigaciones. Yo conozco pocas investigaciones sobre concentración en Rosario, en Córdoba. Son ciudades con más de un millón de habitantes y hay un nivel de concentración tremenda. En Rosario es un monomedia lo que hay (4). Es una ciudad con un millón y medio de habitantes: ¿Cómo puede ser que haya un solo grupo de comunicación? La escala de mercado de una región próspera como es Rosario, daría para que haya tres diarios por lo menos. Es increíble lo que ocurre allí.

EP: ¿Crees que la Ley puede haber descuidado estas cosas a nivel del interior? ¿Qué no se hayan visto estos puntos?

MB: Si yo tuviera que hacerle una crítica, que son menores, y que en nada empañan las grandes ventajas que yo creo que la ley tiene, una de ellas sería que es una ley hecha con ojos de la ciudad de Buenos Aires y mirando al grupo Clarín centralmente.

EP: Más allá de que hay gran un estímulo al fortalecimiento de las producciones locales.

MB: Sí, pero esa es una política de gobierno posterior a la ley. Desde luego, incluye la producción local. Pero el tema es que las exigencias de producción propia que establece la ley son exigencias que no reparan en las distintas escalas que tiene el interior del país. Están hechas con ojos de la ciudad de Buenos Aires. Si se reparara en la gran diversidad de escalas. Si pides un 60% de producción local lo matás. Ahí hay un capítulo que la Ley no contiene, y que en el futuro se tendrá que discutir, y que hasta aquí no lo ha hecho el gobierno ni los medios comerciales, que es la discusión de la economía de los medios. Es decir, cuales son las relaciones del Estado argentino con el sistema privado de medios de comunicación y con los medios privados. El Estado nutre de capital al sistema de medios de la Argentina a través de exenciones, de extensión de licencias, de autorización de fusiones, perdones por deudas impositivas.

EP: Esto en el interior se ve mucho más. Porque los medios locales no son empresas que den ganancias por sí solas, sino porque que en parte funcionan como herramientas para fortalecerse como proveedores del Estado en otros rubros de negocios.

MB: Efectivamente funciona así. Es un lobby para hacer negocios por otro lado. Es lo que hizo Eurnekian en los 90, que tenía el multimedio América a principios de los 90, y su intención no era perpetuarse en el sistema de medios sino que quería hacer negocios, y en este caso lo logró con creces con todos los gobiernos desde Menem hasta la actualidad (5). A lo que voy es que efectivamente es un tema fundamental. Vos bien decías, la mitad de los argentinos no se informa de sus temas locales por Clarín. Aunque esos medios son tributarios de la agenda que le impone Clarín. Porque los jefes de redacción, los directores, los productores de las radios leen el Clarín aunque sea en internet y después esa agenda se replica. Y los efectos son peores. Porque son tipos que o son miembros de las familias del gobierno local, o tienen una alianza política clarísima con el gobierno local. En general esto es así, y hacen negocios con el Estado. Y la censura que a veces se denuncia en los medios de capital y que existe en los medios de la ciudad de Buenos Aires es mucho más alta en los medios del interior del país. Sobre todo en los lugares del interior donde hay un solo medio. O laburás acá o sonaste. En las ciudades de tamaño medio y pequeño esto es un problema generalizado.


Notas de redacción

1) Uno de los índices para medir la concentración de medios es el CR4 (four firm concentration ratio) que expresa el nivel de concentración en función de la suma de las facturaciones y de penetración de mercado de las cuatro principales empresas de un rubro. En Argentina el índice de concentración de las industrias infocomunicacionales representa, en el caso de la facturación, el 84% por parte de los primeros cuatro operadores, y el 83% en penetración de mercado, con los grupos Clarín y Telefónica como los principales actores. Generalmente se trata de los mismos dueños que están ramificados en todas las hileras productivas en casi la totalidad de las industrias infocomunicacionales, que abarcan la prensa gráfica, la radio, la televisión abierta, la televisión paga, la telefonía básica y la telefonía móvil. (Los datos pertenecen a “Los dueños de la palabra”, de Martín Becerra y Guillermo Mastrini, Ed. Prometeo, Buenos Aires, 2008).

2) La discusión por la propiedad y la participación social en los medios se ha abierto camino en los últimos años con diversas características en los distintos países de la región. Bolivia sancionó una ley inspirada en la legislación argentina, dividiendo el espectro radioeléctrico en un 33% para el Estado, otro porcentual idéntico para la explotación privada, un 17% para las comunidades indígenas y otro tanto para las organizaciones sociales. En Uruguay se sancionó una Ley de Radios Comunitarias para otorgar licencias a este tipo de emisoras, y en Paraguay se inauguró el primer canal de televisión pública en diciembre de 2011.
Mientras tanto, en Brasil se sancionó recientemente la nueva ley para la televisión paga que permite el ingreso de las empresas telefónicas, inclusive extranjeras, otorgando derecho a las telefónicas para operar en el mercado televisivo. Pero esta ley obliga a los canales a exhibir tres horas y media por semana de contenido brasileño, y la mitad de ese tiempo debe ser programado por una productora independiente. Además, obliga a las operadoras a ofrecer en sus paquetes un canal educativo, uno universitario, otro de un sector a elegir y los canales del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y de las dos cámaras del Congreso, que ya funcionan hace varios años en ese país.
En Venezuela se sancionó en 2010 una Ley de Responsabilidad social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, y el gobierno de Ecuador obtuvo apoyo mediante un referéndum para poner en marcha una ley de regulación de medios, cuyo proyecto se debate actualmente en diversos foros de ese país.

3) Los diarios La Voz del Interior, de Córdoba y Los Andes de Mendoza forman parte actualmente del Grupo Clarín. El Grupo UNO (propiedad de Daniel Vila y José Luis Manzano) es dueño del diario Uno en Mendoza, que colocó los periódicos homónimos en Santa Fe y Entre Ríos. A la vez, posee el diario La Capital y El Ciudadano de Rosario y el dominical San Juan 8. En Santiago del Estero no se hizo notoria la penetración de los grupos nacionales, y la mayoría de los medios de comunicación locales quedaron en poder de las familias y grupos tradicionales. La excepción se dio con el ingreso del Grupo Uno en la empresa santiagueña de televisión por cable Tele Imagen Codificada (TIC) en 1997, de la cual hoy son propietarios del 70% del paquete accionario.

4) Becerra se refiere a la gran cantidad de medios que posee el Grupo UNO en la ciudad de Rosario, en donde un millón y medio de habitantes se informa sólo a través de tres diarios: La Capital, El Ciudadano y el suplemento de Página/12 Rosario/12, donde los dos primeros son pertenecientes al mismo grupo empresario, que en Rosario opera con el nombre de Multimedios La Capital. La situación en los medios audiovisuales no se diferencia de la prensa gráfica, pues de cuatro radios AM – LT8, LT3, LT2 y Radio Nacional –, las dos primeras comparten gerenciamiento por parte del Multimedios La Capital, mientras que Radio Dos es de Litoral SA y la última del Estado nacional. Los canales de aire repiten la programación de las señales privadas porteñas, con excepción de Canal 7 que va en directo y es estatal. (Los datos pertenecen al artículo de Tamara Smerling, “Diez años de concentración en la propiedad de los medios de comunicación de Rosario: del decano de la prensa argentina al Multimedios La Capital”, en revista Alceu, Río de Janeiro, Jul-Dic 2010).

Martín Becerra es investigador, profesor universitario y periodista argentino. Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET.
Es docente de posgrado en las universidades nacionales de Quilmes, Buenos Aires y La Plata. Se desempeñó como Secretario Académico de la Universidad Nacional de Quilmes, director del Departamento de Ciencias Sociales y director de la Licenciatura en Comunicación Social de esa Universidad.
En coautoría con Guillermo Mastrini ha publicado, entre otras obras “Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales” (2006); “Los dueños de la palabra” (2009) y “Los monopolios de la verdad” (2009).
Como periodista, ha publicado artículos en Página/12,1 La Nación, Perfil, Caras y Caretas, y Le Monde Diplomatique.