| Por Fernán Gustavo Carreras |
| Docente e investigador. Universidad Nacional de Santiago del Estero fgcarreras@gmail.com |
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Han transcurrido apenas unas semanas de la realización del juicio ético a los responsables de la contaminación de la cuenca hídrica Salí – Dulce en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Considero que ha sido un acontecimiento de enorme importancia, un hito significativo de un proceso ambiental regional que todavía permanece abierto. En efecto, el problema que dio origen al juicio sigue sin resolverse, y los actores involucrados no han dado muestras fidedignas de asunción de sus responsabilidades éticas. Este informe pretende dar cuentas de lo que ha sido el juicio ético y de su significación. Nuestro patrimonio hídrico gravemente amenazado El punto de partida que nos movió a organizar e impulsar el juicio ético ha sido el hecho de asistir a un largo proceso de contaminación de la cuenca hídrica Salí Dulce, un patrimonio regional de enorme valor para la vida de sus poblaciones[1]. Ya en el año 1946[2] se analizó el problema de la escasez del agua en la región por la falta de un correcto gobierno y administración del recurso. Después de 66 años de aquella advertencia el proceso está tomando contornos de cada vez mayor gravedad. La Universidad y nuestro destino común
Nosotros consideramos que nuestras universidades deben comprometerse con la construcción de saberes emancipadores para formar subjetividades emancipadas. La educación se tiene que relacionar íntimamente con el mundo de la vida. Los saberes tienen que construirse a partir de una relación dinámica entre la teoría y la práctica, la reflexión y la experiencia. El saber emancipador es el resultado de una educación contextualizada desde las propias realidades y necesidades de nuestros pueblos. Al respecto hay que superar el reduccionismo economicista al que el mercado capitalista ha sometido la universidad y la subjetividad privatizada y alienada que esta produce. Las universidades de la región NOA no pueden girar en torno a los requerimientos y las lógicas del capital. Deben ser guiadas por las necesidades y aspiraciones multidimensionales de los pueblos y de las comunidades. La situación que atraviesa la cuenca es ampliamente conocida por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, dado que sus investigadores han estudiado minuciosamente el problema. Ello nos plantea la exigencia de asumir una responsabilidad pública ante un fenómeno que nos afecta provocando graves daños sociales. En este contexto hemos organizado el juicio ético. Esta actividad quiere insertarse en el contexto de las luchas civiles en contra de la destrucción de nuestro medio ambiente[3]. En tal sentido consideramos que puede aportar materiales, argumentos y herramientas útiles para potenciar esas acciones. De lo que se trata es de ejercer nuestros derechos ciudadanos e iniciar un proceso en el que, como sociedad civil, llamamos a comparecer a todos los involucrados para examinar su responsabilidad ética y jurídica ante el fenómeno grave de la contaminación de la cuenca Salí Dulce, que amenaza a la vida de las actuales familias y las generaciones futuras que habitan y habitarán en su amplia zona de influencia. Metodología implementada
El juicio se propuso los siguientes objetivos:
Para lograrlos recorrimos el siguiente proceso metodológico: En un primer momento, realizamos talleres de análisis y reflexión de la problemática con el objetivo de producir pruebas. El proceso de cada taller contemplaba un momento de exposición de datos a cargo de expertos o protagonistas directos involucrados en la problemática, el análisis, la reflexión y el debate de los participantes en grupos de trabajo. Los talleres se estructuraron en torno a la responsabilidad ética de tres sistemas de la estructura social: a) el sistema económico, b) el sistema político institucional, c) el sistema ideológico: educación pública y medios de comunicación masiva. En un segundo momento, un equipo jurídico se abocó a la elaboración de los alegatos de acusación y defensa para ser presentados ante un tribunal ético, quien sería el que, cumpliendo un tercer momento conclusivo, pronuncie una sentencia.
Saberes universales y públicos para nuestro proyecto común
La dinámica desarrollada nos permitió un trabajo de construcción colectiva generando dentro de la universidad el espacio para el funcionamiento de una asamblea deliberativa. En efecto, los talleres reunieron a docentes investigadores de distintas facultades, y universidades, estudiantes de diversas carreras, personas directamente involucradas en la problemática, sacerdotes, funcionarios públicos, militantes políticos y sociales, miembros de la comunidad. Por otra parte, se procuró que en cada taller estén presentes las “distintas razones”[4], con el objetivo de debatir en búsqueda una verdad superadora. Cosa que se logró en gran medida a pesar de la tendencia a privilegiar nuestro punto de vista. Al finalizar el último taller, un docente leyó con vehemencia un escrito producido por un equipo de investigadores que realiza el monitoreo de la explotación minera a cielo abierto en La Alumbrera. Reclamaron la parcialidad de los enfoques presentados por omisión de datos, y los juicios emitidos por algunos panelistas. La ocasión dio pie para invitarlos a organizar un cuarto taller, que en la práctica permitió reunir datos para el alegato de la defensa, completando de esa manera el dialogo que nos propusimos. Merece destacarse el elevado nivel argumentativo de los talleres, en cada uno de ellos, desde distintas perspectivas y géneros discursivos, se fueron exponiendo datos y razones, que luego fueron analizados y reflexionados en los trabajos en comisión, favoreciendo un proceso de acercamiento a la problemática en el estado actual de situación. El daño y sus responsables.
Los aportes de los talleres fueron prolijamente recogidos por la fiscalía ética por una parte, y por el abogado defensor por otra. Con los materiales recogidos conformaron una prolija y meticulosa argumentación. A partir de los elementos aportados en los talleres la fiscalía ética consideró que: – Queda probado que la cuenca hídrica Salí Dulce está en una situación crítica por el fenómeno de contaminación de sus aguas y la colmatación del dique Río Hondo. – En una larga consideración evalúan las pruebas aportadas por los expertos y los testigos: que los niveles de oxigeno se encuentran por debajo del mínimo que necesitan la flora y la fauna para vivir. Que se ha determinado la presencia de metales pesados en proporciones significativas, un exceso de cianobacterias y nutrientes, y un exceso de materia orgánica y sedimentos en las aguas de la cuenca. – Y que estos niveles de contaminación son tan elevados que ha provocado una profunda modificación en el ecosistema que afecta a la vida vegetal, animal y produce grave daño a la población humana entre ellos enfermedades pulmonares, de piel y distintos tipos de cáncer. – Que estos elevados niveles de contaminación, si bien obedecen a diversas causas, han sido generados por sujetos determinados que deberán responder ya sea por acción u omisión. – A partir de estas constataciones, la fiscalía elaboró un prolijo y fundado marco jurídico señalando las prescripciones constitucionales atinentes a la problemática, la legislación nacional y las legislaciones locales, estableciendo un orden jerárquico entre ellas en una pirámide jurídica que de no ser respetada, se quebrantaría la justicia como de hecho ha ocurrido en la provincia de Tucumán, que ha legislado bajando el mínimo establecido como nivel de contaminación permitido por la ley nacional para poder sobreseer a los responsables del daño ambiental. A partir de este marco, de sus principios y prescripciones normativas, la fiscalía formuló una serie de cargos, señalando responsabilidades éticas y violaciones a las normas legales por parte de determinados agentes económicos y políticos: – Es así que consideraron culpables de los daños ocasionados a la cuenca a: 1) Los ingenios que operan en la provincia de Tucumán, 2) a los grandes productores agrícolas que operan a lo largo de toda la cuenca, 3) A las empresas citrícolas y los frigoríficos existentes en la provincia de Tucumán, 4) A las papeleras , 5) A las empresas que prestan servicios de cloacas, 6) A los Estados municipales de Tucumán y Santiago del Estero, 7) A la minera La Alumbrera, 8) “Al Estado Nacional y los Estados provinciales de Santiago del Estero y Tucumán, por su actitud cómplice en la omisión de contralor para el cumplimiento de las leyes en materia ambiental, permitiendo que en la lógica de un sistema que persigue el lucro sin ningún tipo de limitaciones, se produzca el acrecentamiento y concentración de las riquezas, sin contemplar los efectos que esa actividad produce en el medio ambiente, y en la vida y la salud de las personas, razón por que condenamos su conducta en nombre de nuestra generación y de las generaciones futuras”[5]. Por su parte, el abogado defensor se concentró en contestar dos puntos del alegato de la fiscalía: el primero, respecto de la minera La Alumbrera, la que según el perito que monitorea las aguas derivadas de la planta contiene los niveles de materiales metalíferos permitidos por la legislación vigente. Esto había sido discutido previamente en los talleres. Allí se señaló que el marco legal a que se refiere el peritaje es la Resolución Nº 1265/03 del SIPROSA[6], que no guarda congruencia con la ley nacional de residuos peligrosos Nº 24.051. En efecto la ley tucumana permite niveles más altos de contaminación que los contemplados en la ley nacional, razón por la que se plantea su inconstitucionalidad. El segundo argumento que el alegato de la defensa contestó es el de la inacción de los estados provinciales y nacionales. Para ello se valió de los informes proporcionados por la defensoría del pueblo provincial en el que constan los monitoreos realizados y la implementación de obras para el tratamiento de los efluentes por parte de algunos ingenios. Cabe destacar que estos informes se habían producido en los días que se estaba desarrollando el juicio ético, razón por la que constituyeron una completa novedad. Buen vivir, buen convivir
Sumak Kawsay, buen vivir, buen convivir, es la utopía indígena de Abya Yala[7], ignorada y desplazada por la civilización occidental. Hoy los pueblos originarios la levantan como bandera de lucha contraponiéndola a las consignas occidentales del “vivir siempre mejor”, “vivir mejor que los demás”, a costa de la naturaleza. El tribunal ético ofreció una serie de reflexiones y recomendaciones que bien podrían ser enmarcadas en el horizonte de aquella sabiduría ancestral. Señalaré algunos puntos que considero centrales en el pronunciamiento del tribunal ético. Hubo un acuerdo básico en señalar que no hablan como jueces de un tribunal de justicia, “sino más bien representamos una de las voces de los concurrentes a esta asamblea. Porque esta es una asamblea que transcurre en un espacio académico”[8]. De ahí que además de juzgar, a un jurado de este tipo le corresponde reflexionar. El pronunciamiento del tribunal fue en realidad una larga, rica y profunda reflexión. Cada uno de los expositores fue señalando que hablaba desde un lugar particular. Esa inevitable particularidad desde donde enunciamos un discurso para llegar y dialogar con todos. Un primer tópico fue un construir un marco apropiado para analizar la problemática que nos convoca. La tierra es un bien común para el disfrute de todos y no para provecho de unos pocos. La antigua sabiduría de nuestros pueblos originarios conjugaba el “cielo y la tierra, naturaleza y humanidad, animales vegetales, y humanos con un lugar para todos”[9]. Es la mirada holística que propuso Alberto Tasso. El avance de las ciencias ha corregido hace ya tiempo la visión de la cosmología moderna según la cual el universo está conformado por materia en un espacio tiempo tridimensional. “De acuerdo con el nuevo concepto el universo es un sistema en evolución orgánicamente interconectado… La ciencia de vanguardia redescubre y reafirma un paradigma permanente que acontece y se reitera en las tradiciones culturales y espirituales. Todo es coherente y se conecta con las demás cosas, incluidos los humanos y toda la red de vida. Este concepto de la realidad apela a la visión de un cosmos totalmente orgánico. En él, todas las cosas están conectadas entre sí y son coherentes con todas las demás”.[10] Esta visión elemental es la que está faltando tanto en nuestros hábitos de consumo, como en el sistema productivo y en las políticas de gobierno. Junto a esta mirada holística es imperioso que asumamos una perspectiva regional. La región sería en espacio adecuado para el autogobierno de las comunidades del NOA, en donde las soluciones de los problemas que ocurren en una provincia requieren el concurso de las otras. El regionalismo fue planteado con profundidad y rigor científico por toda una tradición de intelectuales entre los que destacamos a Bernardo Canal Feijóo. Este intelectual santiagueño planteaba ya en la primera mitad del siglo XX la distinción entre ríos interprovinciales como el Paraná y el Uruguay que dividen provincias, y los ríos transprovinciales que atraviesan y unen distintas provincias como un hilván, tal el caso de nuestro ríos Dulce y Salado. En aquella época él señalaba que sobre estos ríos no se ha pensado ni se ha legislado apropiadamente. Es imperioso asumir una conciencia regional que oriente la búsqueda de soluciones regionales a nuestros problemas. El camino no es el litigio provinciano sino la “provincia ampliada”[11]. En ese marco, el tribunal ético propuso algunas medidas importantes. Entre ellas, cito las de Alberto Tasso que, considero, contienen gran parte de las otras propuestas: – “Proponemos la firma de un Acta de Responsabilidad Ambiental suscripta por los actores intervinientes en cada localidad del territorio a lo largo de la cuenca del río Salí Dulce, sometiéndolas a las reglas del derecho al ambiente en el largo plazo que corresponde a la vida de las generaciones. Este documento colectivo será una base para la Enmienda Ambiental que presentaremos ante la Convención Reformadora de la Constitución de Santiago del Estero a realizarse en 2013. -Proponemos la formación de una Mesa Ambiental (UNSE, UCSE, REDAF, ONGs y organizaciones locales, más los aportes de residentes, pasantes-investigadores y corresponsales) que pueda documentar mes a mes el estado de la cuestión socio-política-ambiental en nuestra región. -Proponemos la difusión de la cultura ambiental del milenio, a través de la formación en disciplina, inter y multi, plural en especialidades y tiempos, audaz en sus concepciones y crítica al productivismo-consumismo per se, más aún cuando ellos compiten con la armonía de la vida”. Consideramos que la universidad podría impulsarlas luego de debatirlas. Se trata de crear normativas, y marcos institucionales apropiados para buscar juntos soluciones a nuestros problemas comunes. Carlos Serrano se sorprendía de que estemos buscando soluciones locales a problemas globales. Un camino abierto
Todos quedamos con la sensación de un proceso importante pero inconcluso. En efecto no hemos producido una sentencia ética, aunque hubo un fuerte llamado a la responsabilidad. En todos quedó el anhelo de una universidad integrada en una mirada holística, regional, profundamente comprometida y solidaria con la suerte de los más perjudicados de nuestra sociedad. Carlos Serrano enfatizó: “¡existen soluciones técnicas! La universidad a través de sus expertos puede proponerlas”. Finalizo este informe con una cita del discurso del sacerdote Sergio Lamberti: “Intégrense por favor las diferentes facultades… En un diálogo que no tiene por qué ser monólogo. Pero un diálogo que tienda a eso. Voces distintas que busquen consensuar y sobre todo que escuchen las otras voces. Muchas veces los silencios de las comunidades afectadas no tienen nadie que las escuche y tienen sus palabras, sus voces para decir… En una casa de altos estudios que pretende ser también un espacio de democratización del conocimiento, no puede pasar eso. Es muy importante que las universidades también hagan un trabajo donde los alumnos interactúen con las comunidades campesinas. Y en esto quiero rendir homenaje a Raúl Dargoltz. Si hubo alguien que procuró que la universidad sea promotora de vínculos entre el alumnado de las distintas carreras y las comunidades afectadas (pienso en Villa la Punta, Termas de Río Hondo, el Movimiento Campesino de todos los departamentos de la provincia), ese fue Raúl Dargoltz. Hay que volver a esa mística y esa espiritualidad de vinculación”.
[1] Esta cuenca tiene enorme importancia económica, social y documental en la zona de su recorrido. En sus márgenes se concentra la mayoría de la población, los pueblos históricos, villas y ciudades. Sobre el mismo y a sus márgenes se realizaron importantes obras, con el objeto de evitar inundaciones y hacer un uso integral de sus caudales. La importancia de la cuenca le valió ser reconocida entre los humedales protegidos internacionalmente en la convención de Ramsar, firmada el 2 de febrero de 1971 en Irán. Su principal [2] En la reunión del Primer Congreso de Planificación Integral del NOA [3] Destacamos la constitución de un Foro Ambiental en Termas de Río Hondo para defensa del embalse de Río Hondo, constituida en octubre de 2006. Además las acciones de organizaciones no gubernamentales como Ave Fénix, comunidades eclesiales de base, cámara de hoteleros, y de ciudadanos que se movilizaron y denunciaron penalmente a las empresas responsables. [4] En los talleres participaron en calidad de panelistas 17 personas, entre ellos se contó con expertos en la problemática objeto del juicio, funcionarios públicos, ambientalistas, periodistas, vecinos de Termas de larga lucha contra la contaminación. Por otra parte, en la elaboración de la argumentación jurídica, participaron cuatro abogados, dos miembros de la fiscalía, un abogado defensor. El cuarto abogado se integró al jurado ético, junto a otras tres personalidades notables entre los que se contó con un sacerdote, un sociólogo y un experto ambientalista. El Dr. Ezequiel Ander Egg, presidió las dos jornadas finales del juicio. En total fueron 22 personas de larga trayectoria las que nos proporcionaron elementos para el juicio ético y una sentencia. [5] Alegato de la fiscalía ética. [6] Sistema Provincial de Salud, de la provincia de Tucumán. [7] Abya Yala es el nombre dado al continente americano por el puebloKuna de Panamá y Colombia antes de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. [8] Alberto Tasso. [9] Esta visión de nuestros pueblos originarios que aun hoy rinden culto a la “pacha mama”, coincide plenamente con la del profeta Isaías del A.T. [10] Ervin Laszlo, Fomentando un cambio en el mundo contemporáneo, capítulo del libro Decrecer con Equidad, CICCUS, Buenos Aires 2011. Pág. 27 y 29. [11] Alberto Tasso, discurso como miembro del tribunal ético.
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