El “Cristinazo” en Santiago del Estero: el sistema de partidos provincial en el escenario pos-juarista

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Por Celeste Schnyder
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Rosario / Integrante del Proyecto Política y Ciudadanía en Santiago del Estero (Indes-UNSE) / Docente carrera de Comunicación de la UCSE – celesteschnyder@gmail.com

Las elecciones presidenciales y legislativas celebradas el 23 de octubre pasado coronaron en la presidencia con el 54% de los votos a la fórmula del Frente para la Victoria (FPV), integrada por la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su Ministro de Economía Amado Boudou, en un inédito resultado desde el restablecimiento del régimen democrático. Salvo en San Luis, donde se impuso su actual gobernador Alberto Rodríguez Saa, miembro de la familia fuerte de la política puntana, la victoria fue contundente en la mayoría de las provincias del país. Así, el FPV obtuvo entre 51% y 58% de los votos en seis provincias (Mendoza, La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa, Jujuy); entre el 60 y 68% de los votos en 10 provincias (Chubut, Neuquén, Salta, Chaco, San Juan, Tucumán, Misiones, Río Negro, Corrientes, Tierra del Fuego); entre 70 y 78% de los votos en tres provincias (Catamarca, Santa Cruz, Formosa). La fórmula Fernández de Kirchner – Boudou ganó por márgenes menores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (35%), Córdoba (37%) y Santa Fe (42%).

Aunque los resultados de las primarias ya lo habían anunciado, no dejó de sorprender la adhesión mayoritaria al proyecto político comandado por la Presidenta teniendo en cuenta las elecciones intermedias de 2009 fuertemente permeadas por el conflicto en torno a la resolución 125. A partir de ese momento los medios hegemónicos, las corporaciones agrarias y el llamado Grupo A del Congreso comenzaron a vaticinar en unísono un ineluctable fin del ciclo kirchnerista. Si bien la política de ampliación de derechos, la política de derechos humanos, la política económica basada en el desendeudamiento, en la producción nacional, las obras de infraestructura y recuperación del consumo interno, la política cultural, educativa y científica, entre otras iniciativas del gobierno, fueron apuntalando la contundente victoria del 23 de octubre, esta no deja de resaltar frente a la artificialidad del microclima de malestar construido desde las usinas de los monopolios mediáticos destinado a “erosionar”, de acuerdo al eufemismo utilizado por Eduardo Buzzi, la legitimidad presidencial.

El caso santiagueño

En este contexto de victorias por márgenes mayoritarios a lo largo y ancho del país, se destacó especialmente el 82% de los votos que obtuvo Cristina en Santiago del Estero. De los cinco partidos que presentaron candidatos a diputados nacionales, dos llevaron a Fernández de Kirchner como candidata a la presidencia: el Frente Cívico (FC), el partido de gobierno desde 2005 conducido por el actual gobernador Gerardo Zamora, y el Frente para la Victoria conducido por el actual intendente de la ciudad de La Banda Eduardo “Chabay” Ruiz. La contienda electoral fue escenario de una “batalla entre Cristinistas”, como ya señaló Ernesto Picco en un artículo publicado previamente en esta revista, donde Zamora se presentó como tercer candidato suplente del FC y midió fuerzas con Ruiz, primer candidato titular del FPV. Las campañas publicitarias de ambos contendientes emplearon imágenes y pasajes de discursos de la Presidenta en ocasión de distintas visitas a la provincia. Los spots del FC ponían en relación referencias de la Presidenta a la industrialización y el crecimiento con el slogan “Zamora junto a Cristina Kirchner” para fundamentar el imperativo “votemos Gerardo Zamora y los candidatos del Frente Cívico por Santiago”. Y en los spots del FPV la Presidenta destacaba a Ruiz como un “querido amigo y compañero” junto a la consigna “hay que lograr un diputado para sumar”. Una consigna para nada ingenua si recordamos el antecedente de la defección de uno de los diputados nacionales del FC, Emilio Rached, durante la votación para aprobar la resolución 125 en la noche del otro voto “no positivo” del vicepresidente Cobos. Cabe destacar que Rached fue uno de los referentes de la boleta de la UCR que obtuvo apenas 7,5 % de los votos en la última elección. Por su parte, el FPV solo logró el 15% de los votos, mientras que el FC obtuvo el 71% de los votos, ganando en los 27 departamentos de la provincia, y obteniendo las cuatro bancas en juego.

Dejando a un lado la popularidad de la Presidenta, los efectos positivos de las políticas públicas nacionales de inclusión como factores que ayudaron a traccionar votos hacia los diputados del FC, semejante resultado merece una mirada sobre las condiciones institucionales que favorecen a la formación de un escenario político que no refleja el pluralismo, la heterogeneidad y la conflictividad constitutiva de lo social.

El Frente Cívico como partido predominante y las dificultades de la oposición

La perplejidad con que los analistas políticos nacionales presentaron el resultado obtenido por Fernández de Kirchner en Santiago del Estero puede ser matizada a partir de la propia historia electoral del FC. Desde su aparición en el campo político provincial en febrero del 2005, el FC ganó cada una de las elecciones generales e intermedias en las que se presentó y por márgenes siempre mayoritarios. En el año 2005 el FC había obtenido un 46% de los votos, y este porcentaje fue ampliamente superado en el año 2008 cuando logró su reelección por un 85% de los votos, superando su propio umbral de mayoría para dar lugar a una mayoría absoluta. Para la categoría de diputados provinciales obtuvo en el año 2005 el 45% de los votos, en las elecciones intermedias del 2008 la adhesión popular ascendió al 59%. Estas victorias hablan, más que de una aprobación unánime a la gestión del gobierno provincial, de las dificultades que vienen afrontando los partidos de la oposición para constituirse en alternativas reales a los sectores políticos que se volvieron hegemónicos dominando el Estado: en la década del 90 el juarismo, hoy el zamorismo. Esto nos invita a ampliar nuestra mirada hacia las experiencias políticas pasadas para colocar el presente dentro de procesos de más larga data que fueron configurando un sistema de partidos predominante.

Desde 1983 y hasta marzo del año 2004 Santiago del Estero fue una de las provincias que no conoció la alternancia partidaria. A excepción de la intervención federal decretada por el presidente Menem luego de la crisis política que culminó en el Santiagueñazo de diciembre de 1993, sea el juarismo o la Corriente Renovadora que impulsó Iturre, el PJ fue electo como gobierno en las elecciones de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 y 2002. El quiebre de esta tendencia estuvo dado por la última intervención federal sancionada por el Congreso de la Nación el 31 de marzo de 2004, luego de las repercusiones políticas y judiciales del caso Dársena sobre el juarismo. Es decir, con los partidos de la oposición debilitados y fragmentados, la posición hegemónica alcanzada por el PJ-juarista solo pudo ser quebrada a través de la injerencia de actores nacionales en el proceso político local. Sin embargo, una vez que fue normalizado el sistema político con el llamado a elecciones generales de febrero de 2005 asistimos, desde entonces, a un nuevo predominio: el del FC.

Cuando hablamos de un sistema de partidos predominante no referimos a la cantidad de partidos existentes sino a la distribución de poder por la cual no se produce la alternancia entre ellos. Con esto no estamos sosteniendo que la rotación sea buena por sí misma, muchas veces los partidos de la oposición no son capaces de generar proyectos que sean percibidos por la sociedad como una alternativa posible y en ese sentido el papel de algunos partidos en la reciente campaña electoral ha sido elocuente. En cambio, se trata de problematizar las condiciones institucionales que favorecen a que el oficialismo local pueda hegemonizar el campo político al punto de superar el umbral de la mayoría para llegar a valores absolutos como el 80% de los votos.

Una de esas condiciones está vinculada con la crisis que atraviesa el PJ desde el derrumbe del juarismo. La intervención Federal al gobierno de Nina Aragonés y el procesamiento del matrimonio Juárez en distintas causas judiciales, supuso un final abrupto, por fuera del sistema político, de un proceso complejo. Este acontecimiento encontró al espacio del PJ sin un referente con la legitimidad suficiente para suceder al caudillo debido a la falta de renovación de cuadros dirigenciales que caracterizó todo ese periodo (situación que parece repetirse hoy en el FC).

En ese contexto emergió el FC articulando sectores del radicalismo referenciados con el entonces intendente capitalino Zamora, con dirigentes del juarismo y del peronismo que habían emigrado de un PJ intervenido. De este modo, el partido que fuera predominante entre 1983 y 2004, en la actualidad no logra constituirse en un competidor eficaz del FC. De hecho, el PJ no participó de las elecciones de gobernador de noviembre de 2008 y, en cambio, si se presentaron cuatro lemas de origen peronista por fuera del partido (Frente Cruzada y Lealtad de Cavalloti, Dignidad Popular de Calabrese y Movimiento de Bases Independientes de Allub, Movimiento de Acción Vecinal de Vargas). La disgregación del PJ ha dejado un vacío de representación que está siendo relevado por el sector de Bases Peronistas que integra el FC.

Una segunda condición que, desde nuestro punto de vista, favorece a la hegemonización del campo político está vinculada con las oportunidades de los otros partidos de competir con el partido de gobierno en términos igualitarios. En ese sentido, la reforma política ha garantizado a cada uno de los partidos un acceso proporcional a la pauta publicitaria de acuerdo a su representatividad y sin dudas constituye un paso importante hacia un acceso más igualitario a las oportunidades de difusión de las propuestas de los partidos. Sin embargo, esto no es suficiente. La reforma política no ha contemplado problemas asociados a los usos partidarios de distintos recursos públicos en sociedades donde el Estado constituye el principal circuito de inclusión económica y social como consecuencia de una estructura productiva poco diversificada. No se trata del manido tema del clientelismo que supone un intercambio personalizado y difuso – por otra parte, no es exclusivo de los oficialismos ni de los sectores populares-, sino de una dinámica particular de relación del partido de gobierno sobre la burocracia estatal, por la cual éste se torna un decisor de las trayectorias laborales y oportunidades de inclusión social de muchos santiagueños.

Esta dinámica no es reciente, ha sido forjada durante el predominio peronista/juarista de los 90 y ya forma parte del repertorio de prácticas políticas de los dirigentes consolidadas en la provincia. En este contexto no resulta extraño que amplios sectores sociales tengan sus intereses anudados a la continuidad de un mismo partido en el gobierno.

Por último, más allá de la adhesión que supo generar el proyecto nacional encarnado por la Presidenta, los resultados de las últimas elecciones nos convocan a los santiagueños a reflexionar sobre la presencia de una tendencia a la formación de un sistema de partidos predominante, poco permeable al crecimiento de alternativas políticas, y que aun no ha terminado de procesar la desarticulación del PJ luego de la debacle juarista.