Cuatro ideas para pensar Santiago a cuatro años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Este 9 de octubre se cumplieron cuatro años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una innumerable cantidad de páginas, posts, marchas, foros, y campañas se han hecho a favor y en contra de una ley que, después de haber sido debatida ampliamente fuera y dentro del Congreso, aún no goza de plena vigencia para que pueda ser utilizada como la herramienta que dé lugar a los procesos de cambio que – algunos más largos, otros menos – se espera que tengan lugar para exista en nuestro país una comunicación más plural, más participativa y democrática.

Es importante distinguir un avance en dos velocidades de este proceso. Una en el ámbito central-porteño-nacional, y otra en el de las provincias y localidades periféricas, a donde las discusiones y los cambios llegan más tarde y tienen otras características. A nivel país la discusión se ha centrado maniqueamente en el enfrentamiento Gobierno versus Clarín por la judicialización de los artículos que se refieren a la adecuación de los licenciatarios. Pero ya se ha dicho también que la ley abarca una importantísima cantidad de otros aspectos. Quien quiera leer un interesante balance de estos cuatro años a nivel nacional puede remitirse al texto de Martín Becerra, quien fuera uno de los principales promotores de la sanción de la ley, y hoy reconoce las luces y sombras del proceso de aplicación. En la coyuntura actual, y a la luz de los hechos de los últimos años, Becerra reconoce algunos cambios en el sistema, pero carga sus críticas contra dos puntos flacos: la manera en que se han transferido las licencias de los grupos que sí se adecuaron a la norma, y la ausencia de un plan técnico de licencias que permita conocer cabalmente la cantidad de licencias de disponibles y cómo están distribuidas en todo el territorio.

Pero aquí queremos bajar al nivel provincial y pensar qué ha ocurrido y qué ocurre en Santiago del Estero. Podemos decir que hasta la fecha el avance más evidente ha sido el de poner sobre la mesa el debate por la comunicación y lograr involucrar en la discusión a diferentes instituciones públicas y privadas. Esto ocurre hace no más de un año, y en la provincia no tiene precedentes, exceptuando la breve discusión que se dio en tiempos de la última intervención federal por la necesidad de habilitar un nuevo canal de televisión que desmonopolizara la propiedad audiovisual del aire.

Debemos decir que en Santiago la apertura del Afsca – organismo que funciona como autoridad de aplicación de la ley y que fue creado a tal efecto – se dio recién a finales de 2012, y el impulso que desde allí se le ha dado a la creación del Foro Santiagueño por una Comunicación Democrática ha permitido que una importante cantidad de instituciones que no pertenecen exclusivamente – o en absoluto – al campo de la comunicación pudieran sumarse a la discusión y apropiarse de ella. Organismos del Estado provincial, las universidades, y organizaciones civiles se han sumado a este espacio que han generado diversas actividades que incluyen la creación de un programa radial, un relevamiento de radios comunitarias, y la apertura del Observatorio de Medios sobre Niñez, Género y Discriminación son algunas muestras de ello.

En ese contexto institucional, resumimos aquí cuatro ideas para pensar lo que estos cuatro años de lucha vienen dejando, y que escenario se presenta para pensar el futuro a corto, mediano y largo plazo.

• La falsa desconcentración mediática de las provincias: En muchas provincias las condiciones que la ley establece para la desconcentración mediática – o lo que se llama las nuevas condiciones a las que los empresarios deben adecuarse para tener una licenciad e radio o televisión – casi no cambian el escenario. Es el caso de Santiago. El Grupo Ick, que se adecuó a la norma pero sigue siendo un empresario de un poder mediático indiscutible, al igual que el Grupo Cantos. Al no estar legislada la prensa escrita y al tener estos grupos las radios más importantes, y el Grupo Ick el único canal de aire habilitado para funcionar, y además poseer ambos los dos diarios más importantes, la concentración de medios – que es concentración discursiva, y de capacidad de imponer marcos de interpretación de la realidad – se ve fuertemente potenciada. Fue la reforma menemista de la Ley de Radiodifusión 22.285 la que permitió que un dueño de medios audiovisuales pudiera tener prensa escrita. Hasta antes de los 90 esto estaba prohibido, y aún lo está en muchos países.

• Más producción audiovisual que pide pantalla: De la mano de la ley han surgido un sinnúmero de concursos, fondos e incentivos para la producción audiovisual en las provincias. Muchas productoras locales han crecido y se encuentran produciendo un importante volumen de material en formatos de documentales cortos y medios, seriados, y también se están comenzando los primeros proyectos de ficción. Para este tipo de producciones sigue siendo una deuda la pantalla: algunos productos se encuentran embargados hasta su estreno en el los canales nacionales, y otros no han conseguido ser emitidos en los canales locales. Mientras tanto, crecen las producciones auto sustentadas por publicidad en los canales de cable en programas de entretenimiento, cultura, moda y otros temas. La necesidad de los canales de cubrir una cuota de producción local, la accesibilidad a equipos y la proyección de los estudiantes universitarios y técnicos que, en un escenario propicio, han permitido la puesta en marcha de proyectos audiovisuales como nunca antes.    

• El avance de la comunicación popular: Muchas radios rurales, comunitarias y escolares han empezado a crecer gracias al financiamiento para equipos y capacitaciones que han comenzado a bajar desde el Estado. Es un crecimiento que aún no es visible en la superficie, pero que contiene una notable masa crítica de comunicadores populares (vecinos, dirigentes sociales, estudiantes, docentes, integrantes de comunidades religiosas) que han montado o mejorado sus instalaciones y – ante todo – la concepción estratégica de sus proyectos comunicacionales, con importante influencia en las zonas donde trabajan, especialmente en el interior provincial.

El papel político de las universidades: Las ley prevé el protagonismo de las universidades, que están llamadas a cumplir un rol político en el más directo de los sentidos: el de ayudar, con sus recursos tecnológicos y humanos, a poner en marcha y sostener el proceso de cambio de paradigma que propone la nueva ley a través de capacitaciones, cooperación institucional y la puesta en funcionamiento de los canales y radios universitarias. Santiago tiene la particularidad de que la Universidad Nacional cuenta con el estatus, los fondos y la estructura de una universidad de gestión pública, y la Universidad Católica con los recursos académicos de ser la única que tiene la carrera de Comunicación. La complementariedad de ambas instituciones es necesaria si se quiere que el ámbito universitario local pueda cumplir ese papel que en buena parte del país ya están cumpliendo nuestras universidades respecto a la democratización de la comunicación. Para ello es necesario encontrar los núcleos de coincidencias que permitan superar el temor ante lo nuevo y las estratagemas políticas sectoriales. Y será fundamental entender, al mismo tiempo, que las universidades son ante todo instituciones que comunican. Comunican el saber hacia adentro, en el proceso de formación de sus estudiantes,  y hacia afuera en los procesos de extensión y transferencia. Pensar que sólo estamos para impartir clases o llevar adelante proyectos de investigación de circulación restringida al ámbito científico, es pasar por alto el rol social de intervención en el desarrollo social y tecnológico, y de intervención en la discusión política, económica y social: es decir, el rol de un sujeto protagónico que puede y debe aportar propuestas, ideas y nuevas preguntas en la coyuntura y los asuntos públicos de sus localidades.