La Ley de Medios y los nuevos canales de TV en la provincia: ¿Un cambio en el equilibrio mediático local?

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Por Ernesto Picco
Docente UCSE – ernesto_picco20@hotmail.com

La pelea de intereses por el modelo de sistema de medios que regirá en el país a partir de la sanción y puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está en pleno desarrollo. ¿Qué ocurre, mientras tanto, en el interior del país? ¿Qué ha cambiado en Santiago con la sanción de la ley? ¿Qué cambiará con el avance de su aplicación? En estas líneas trataré de responder, con el mayor detalle que es posible en este momento, a esas tres preguntas.

El debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estuvo y está centrado en Buenos Aires. En 2004 un grupo de organizaciones sociales comenzó a reclamar formalmente la reforma de la vieja Ley de Radiodifusión, y allí se abrió el debate por la nueva legislación que se sancionó en 2009, y que hasta ahora se ha aplicado a medias. Esto último, por la judicialización de algunos de sus artículos, por el tiempo que lleva el traspaso tecnológico al sistema de televisión digital y por los trámites burocráticos previos al otorgamiento de nuevas licencias de radio y TV.

La Ley de Medios Audiovisuales fue pensada desde Buenos Aires con el doble propósito de: a) responder al reclamo de las organizaciones sociales por la democratización de la comunicación; y b) desarticular el esquema de concentración y el sistema oligopólico de medios que se construyó en los noventa con la reforma menemista de la Ley de Radiodifusión 22.285. Esto vino a ocurrir en el contexto de una importante transformación en términos tecnológicos por la migración al sistema de televisión digital que se estaba dando en todo el mundo, y que comenzó a prepararse en nuestro país con la nueva norma como marco regulatorio.

Entre otros aspectos, la Ley estipula nuevas reglas y requisitos para los propietarios – incentivando un proceso de desconcentración de los grandes grupos empresarios a nivel nacional – el otorgamiento de 220 nuevas licencias para canales de televisión (24 en provincia de Buenos Aires, y el resto en el interior del país) y un impulso a la producción y difusión de contenidos de las provincias.

Seis nuevos canales de televisión en Santiago

La licitación de cuatro nuevas licencias y el otorgamiento de dos frecuencias para entidades públicas abrirán el juego en la provincia para la aparición de seis nuevos canales de televisión. Una de estas frecuencias se otorgará al Estado provincial, una a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, mientras que se licitarán dos para explotación comercial y dos para organizaciones sin fines de lucro.

El objetivo de la reforma del sistema comunicacional que impulsa la ley es que la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina esté dividida en tres tercios: un 33% en manos de empresas privadas, un 33% sea de las organizaciones sociales, y un 33% del Estado.

En junio de 2011 la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) resolvió otorgar frecuencias de TV a 43 universidades nacionales del país, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 14 provincias. En estas resoluciones aparece una frecuencia para el gobierno de la provincia de Santiago del Estero y una para la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Tanto los gobiernos como las universidades deben presentar, antes del otorgamiento de las frecuencias, una documentación en donde consten los objetivos de la emisora, un detalle de los contenidos y la cantidad de horas semanales de emisión, además del porcentaje de programación de producción propia y de programación adquirida.

Ahí radica uno de los aspectos de la ley que estimula las producciones locales e independientes: el artículo 65 establece que los canales deberán tener “un 30% de programación de producción propia que incluya informativos locales”, y que “cuando se encuentren localizados en poblaciones de más de seiscientos mil (600.000) habitantes, deberán emitir un mínimo del quince por ciento (15%) de producción local independiente y un mínimo del diez por ciento (10%) en otras localizaciones”.

También en junio de este año se abrió el primer concurso público para la asignación de 64 licencias de TV digital. Durante el trascurso de este semestre los oferentes pueden comprar los pliegos y deberán presentar sus propuestas hasta finales de 2011.

Parte del impulso que se le pretende dar a la televisión digital en las provincias está dado por el Programa Polos Audiovisuales, desde donde se ha convocado a organizaciones sociales, instituciones intermedias, canales ya existentes y productoras independientes a sumarse para la elaboración de contenidos que comenzarán a ser necesarios para completar los cupos de producción local que se establecen en la ley para los nuevos canales. Respecto a este tema puede verse mi artículo previo sobre el tema y el artículo de Anabelle Nassif Lópezpublicado en esta misma actualización de la Revista Trazos.

Hasta el momento existen en Santiago un canal de televisión abierta (Canal 7), dos canales universitarios (en la Unse y la Ucse), dos canales de cable en la capital (Canal 14 de Tic y Canal 4 de Cable Express) y algunos canales de cable en el interior provincial. La migración al sistema de televisión digital supone, en principio, una nivelación entre los distintos actores, ya que todos los nuevos canales serán digitales y abiertos, por lo que podrán tener prácticamente la misma llegada y penetración.

Pero más allá de esta igualdad de llegada, y de la producción que pueda generarse a partir del esfuerzo y la creatividad local, es en la forma en que se reparta la propiedad de los medios en donde radica el quid de la cuestión: la verdadera democratización de la comunicación en Santiago podrá alcanzarse en mayor o menor medida, en función de la existencia de voces alternativas y en una relativa igualdad de condiciones entre los empresarios y emprendedores cuyos intereses definirán lo que se va a ver o no en la televisión.

Luces y sombras del proceso de transformación

La concentración de la propiedad de los medios es un problema global que se presenta también a nivel nacional y hacia el interior del país. Además, es un tema que está acentuado por las estructuras económicas pequeñas que existe en las provincias. La aparición de nuevos canales de televisión puede suponer en principio la apertura al juego de nuevas voces y de discursos alternativos en la escena local. La intención es importantísima, y este cambio necesario, pero deben señalarse algunas cuestiones que, a priori, pueden hacer menos efectiva la pluralización a la que se aspira.

El primer problema que se observa es el precio de los pliegos licitatorios, que oscila entre 40.000 y 200.000 pesos según el caso. Por ejemplo, el precio del pliego para la licitación de señales destinadas a personas ideales con fines de lucro en Santiago es de 120.000 pesos, mientras que para las personas ideales sin fines de lucro es de 84.000 pesos. La pregunta es: ¿Qué empresas y qué organizaciones en el interior están en condiciones de pagar esos precios solamente para poder concursar?

Este tema ya ha causado inquietud, especialmente entre las organizaciones sociales. El pasado 23 de septiembre, representantes de medios televisivos comunitarios realizaron una protesta en las puertas del Ex Comfer reclamando por los altos costos de la licitación. La respuesta de las autoridades fue que estas 64 señales que actualmente se licitan son de “alta potencia”, y que en una segunda etapa se licitarán señales de “baja potencia” con pliegos de precios más accesibles. La discusión al respecto está aún latente por estas horas y no se sabe cuán satisfactoria ha sido esta explicación para los organizadores de la protesta.

El segundo punto a señalar tiene que ver con la reserva con la que se está dando este proceso de cambio en las provincias: en Santiago del Estero, por caso, poco se dice acerca de esta importante y trascendental transformación que se viene en los medios de comunicación locales.

Desde que los medios de comunicación devinieron empresas, las radios, diarios y canales del interior han tendido a ser estadodependientes. La necesidad de la pauta publicitaria gubernamental y el hecho de que muchos empresarios mediáticos de las provincias son a la vez contratistas del estado en otros rubros, los inclina a jugar un papel de aliados estratégicos del gobierno. Esta situación generalmente termina por establecer los márgenes de movilidad editorial en paralelo con las agendas oficiales.

Hay que advertir que esto es necesario, porque permite hacer pública la agenda del gobierno y las acciones del Estado, pero siempre y cuando haya también otros medios, otras agendas y otros temas que permitan una diversidad y una confrontación de versiones, temas y perspectivas. De otra manera, cuando solo la gozan los más poderosos, la libertad de expresión se devora a sí misma. Pero aún en esos casos, tampoco puede culparse a los grandes medios provinciales aliados del Estado porque no existan medios con otras líneas editoriales, ya que las dificultades para su emergencia están dadas por la estructura económica, social y política de las provincias. Mucho menos se les puede reclamar objetividad, ya que tal cosa no existe cuando se trata de comunicar.

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito nacional, donde hay una diversidad de canales que trasmiten 24 horas – lo que supone mayor penetración y mayor variedad de perspectivas, de versiones, de discursos – el poco desarrollo relativo de la televisión local en nuestra provincia da lugar a que los diarios en papel sigan siendo los medios de mayor influencia y demarcación de la agenda pública. La apertura de nuevos canales de televisión, entonces, podría hacer que la agenda televisiva gane mayor protagonismo y con esto producir un cambio en el equilibrio de fuerzas mediático actual.

La pregunta más importante de todas cae de madura: ¿Quiénes son los actores santiagueños – individuales o colectivos – que están en condiciones de jugar ese juego? Nada se sabe aún acerca de quiénes son los empresarios y las organizaciones sin fines de lucro que moverán sus fichas para ganar espacio en el escenario comunicacional local de cara a un futuro de llegada inminente.

De seguro, por ahora sabemos que habrá un canal estatal provincial y un canal de televisión abierta de la Unse. El primero podrá proponer por su propia cuenta la agenda que hasta aquí había venido instalando en los medios privados, lo cual no necesariamente implica que pierda presencia o influencia en estos. El segundo seguramente ofrecerá contenidos diversos, y se encontrará ante la enorme tarea de aprovechar la materia prima de temas, fuentes y recursos humanos existentes en la universidad. Hay otras cuatro plazas en juego que definirán el futuro.

Ese futuro no está por escribirse. Se está escribiendo ahora mismo. Que el espíritu democratizador de algunas de las ideas que inspiraron a la Ley de Medios Audiovisuales se concrete en Santiago, dependerá de cuan abiertas, públicas y comprometidas sean las discusiones por estos temas antes, durante, y después de que tenga lugar este proceso. Están abiertas las puertas para que la comunicación mediática en la provincia pueda volverse más plural, más diversa y más libre. Queda por ver si la sociedad santiagueña está preparada para aprovechar esa oportunidad.

Fuentes, documentación, y recursos útiles en la red

Texto completo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Resolución 689/11 de asignación de frecuencias a los estados provinciales
Resolución 687/11 de asignación de frecuencias a las universidades públicas
Resolución 686/11 de llamado a concurso para otorgar licencias de televisión digital
Sitio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca)
Sitio de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual