Por Ernesto Picco |
Docente UCSE – ernesto_picco20@hotmail.com |
El pasado 20 de octubre tuvo lugar en la Unse uno de los primeros espacios de debate abierto y público sobre la situación de los medios de comunicación en Santiago, en el contexto del avance de la televisión digital y la Ley de Medios en la provincia. Unas setenta personas, entre investigadores, docentes y estudiantes de Comunicación y Sociología de la Ucse y la Unse, junto con periodistas, audiovisualistas y productores, compartieron un encuentro que tuvo como punto de partida un panel con representantes del ámbito de la gestión, de los medios, y de la academia, y que luego dio lugar a un debate abierto en el que se expresaron las expectativas y preocupaciones en torno a este proceso de cambio. Habrá que partir del hecho de que entre los presentes, muy pocos habían leído la Ley de Medios, sólo algunos conocían los pormenores de la licitación de las nuevas señales provinciales, y muchos sabían de la existencia del Nodo de Santiago del Programa Polos Audiovisuales Productivos. Primera cuestión por señalar, entonces: el mucho o poco conocimiento acerca del problema de la comunicación en Santiago de la mayoría estaba (está) mediado por las versiones o silencios interesados de los medios de comunicación nacionales y locales respecto del tema. El Foro fue, entonces y en primer lugar, un lugar para proponer un escenario de información y discusión sobre el tema. Durante las dos horas de debate surgieron ideas y comentarios que intentaré ordenar en oportunidades, amenazas, y nuevos desafíos, en torno a este proceso en el ámbito local. Si algo quedó claro durante la discusión, es que se trata de un cambio profundo, que muchos empezamos a advertir cuando ya se encontraba hacía rato en marcha, pero que está ahora mismo en pleno desarrollo y continúa abierto: tanto la Ley de Medios, con muchos de sus artículos judicializados y sin aplicar, como la apertura y distribución de nuevos medios de comunicación, son instancias en plena lucha por el poder simbólico, económico y político. La batalla por una comunicación más plural e inclusiva no solo no está ganada, sino que además requiere de un esfuerzo participativo de distintas instituciones y organizaciones sociales para evitar que todo el esfuerzo hecho hasta aquí termine por ser apenas una enorme declaración de buenas intenciones. Oportunidades: visibilidad nacional, visibilidad local, y redistribución del poder mediático La Ley de Medios tiene dos grandes ejes: a) la democratización y universalización de los contenidos; b) la desconcentración y desmonopolización de la propiedad de los medios. Por caso, podemos nombrar, entre otros, a “Puertas nómades”, “Entre el dulce y el salado”, y “El fusilamiento del Cabo Paz”, producidos por Santiago del Video, “Salavinamanta Tukuypaq”, del realizador santiagueño Daniel Gerez, o “Cecilio Kamenetzky”, sobre el último juicio por crímenes de lesa humanidad en Santiago y “La queja de los cadáveres”, sobre la masacre del Penal de Varones, ambos del documentalista Alejandro Haddad. Se trata de trabajos que han sido vistos en circuitos independientes, algunos seleccionados para ser vistos en la televisión nacional, y otros aún esperando su oportunidad de tener una circulación masiva. En este contexto se impone el doble desafío de mantener y estimular aún más la producción, como así también de lograr su ubicación en canales nacionales y locales. Por otra parte, la confluencia de la Ley de Medios y de la aparición de nuevos canales locales de televisión digital permitiría una doble visibilidad de temas y actores hasta aquí no vistos. En primer lugar, una visibilidad hacia afuera: es decir, de contenidos del ámbito provincial que podrán ser vistos en los medios nacionales. En segundo lugar, una visibilidad hacia adentro: la aparición de nuevos medios de potenciales nuevos propietarios supondría una ampliación del criterio de lo que se ve y lo que no se ve, por lo cual podrían publicarse y abordarse temas hasta aquí no tocados, o tocar temas ya conocidos, desde otras perspectivas y versiones. Roberto Follari, docente investigador de la UNCuyo, advirtió sin embargo que no alcanza con tener nuevos medios locales, e invitó a pensar en la necesidad de que haya en las provincias medios locales de alcance nacional, para ayudar a alivianar la tensión centro-periferia entre Buenos Aires y el interior. En lo que respecta al eje para tender a una distribución más equitativa de la propiedad mediática, la Ley de Medios establece el otorgamiento de licencias para nuevos medios, y la reducción del número de licencias a aquellos que, según la nueva norma, tienen demasiadas. En este sentido, la legislación ofrece la oportunidad de transferir licencias a aquellos empresarios que tuvieran más que las permitidas, o que no cumplieran con otros requisitos establecidos para los licenciatarios (Art. 161). En provincias como Santiago, la adecuación debería darse, en principio, al menos en dos aspectos. En primer lugar, en el ámbito de las provincias, la ley pone un límite de hasta una licencia de televisión, hasta una licencia de radiodifusión AM, y dos licencias de radiodifusión FM (Art. 45). En segundo lugar, los licenciatarios deberán adaptarse a la condición de que de los dueños de medios no podrán ser titulares o accionistas de razones sociales que sean prestadoras por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal (Art. 25). Algunos de estos artículos, sin embargo, se encuentran judicializados y momentáneamente paralizados por iniciativas de empresarios mediáticos en Buenos Aires, Mendoza, Salta y Santiago del Estero. Amenazas: desigualdades, inercia y desinformación En este escenario donde la aplicación de la nueva legislación aún se encuentra en disputa y las licitaciones para el otorgamiento de nuevos medios están ya en carrera, se identificaron en el Foro algunas amenazas que pueden atentar contra el espíritu de la ley de Medios. La primera es la discusión sobre el difuso estatus de lo “alternativo”. Pedro Gómez, docente de la Ucse y la UNT remarcó la necesidad de especificar y aclarar la categoría de “tercer sector”, que aparece sumamente difusa tanto en el texto de la ley, como en las propuestas del programa Polos, al referirse a los supuestos medios y producciones alternativas. Valeria Bullaude, docente de la Ucse que participó del debate, advirtió que, en Santiago, bajo esta categoría pueden incluirse organizaciones tan diversas como una radio comunitaria de barrio, una ONG ambiental, y la CGT o la Fundación Hamburgo, entre los cuales se ve una gran diferencia de recursos económicos, y vínculos sociales y políticos. Esta desigualdad hacia adentro de los actores de la categoría puede significar, otra vez, que tanto la propiedad de los medios como la producción de contenidos sean acaparadas por las instituciones más poderosas. En efecto, al revisar el texto de la Ley y las presentaciones del Programa Polos, no hay una idea clara acerca de este Tercer Sector. Por ejemplo, en los documentos del programa polos, se hace alusión a que la ley establece “una redistribución del espectro en un 33% estatal, un 33% privado, y un 33% comunitario”. Mientras tanto, en la Ley se habla indistintamente de “organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro”, “organizaciones intermedias públicas o privadas”, “organizaciones no gubernamentales”, “organizaciones de medios comunitarios”. El abanico es amplio, y presenta el riesgo de una marginación de las organizaciones más pequeñas frente a las más grandes. Una segunda amenaza es la inercia social. La reforma de la Ley de Radiodifusión de 1992 propició la concentración de la propiedad de los medios, dejando el movimiento y actividad de ese momento de cambio a los pocos empresarios y grupos económicos que compraron y se repartieron la torta. En cambio, la Ley sancionada en 2009 es una ley que demanda participación activa de los sectores sociales, que hasta aquí – exceptuando a quienes participaron de la Coalición por una Radiodifusión Democrática – ha sido prácticamente nula. Durante el Foro se coincidió en que es necesario que las organizaciones se acerquen al Nodo de producción, que se formen asociaciones capaces de buscar financiamientos para adquirir nuevas licencias, que se reclame por la aplicación de los artículos judicializados, que fueron aprobados por el Congreso en la que fue una de las leyes más ampliamente debatidas de la historia institucional de nuestro país. Es necesario un movimiento a la altura de lo que la oportunidad de esta hora demanda. El desconocimiento acerca de las formas y los espacios de participación, del texto mismo de la Ley, de las señales que se encuentran en licitación, solo sirven al mantenimiento del statu quo. Esto nos lleva al planteo de la tercera amenaza, que es la de la desinformación. Una desinformación que ha sido comprobada en el Foro, y que puede encontrar sus causas en la velocidad con la que ha ido el proceso, o en el interés manifiesto de algunos sectores responsables de informar, que prefieren que el aspecto político de esta transformación pase lo más desapercibido posible. Es necesario saber qué ocurre, para saber cuáles son las oportunidades que se han presentado en la Argentina y en Santiago para concebir – en el sentido más biológico de la palabra – un nuevo sistema de medios que habrá que saber parir entre todos. El desafío de un momento histórico Triste sería que entendiéramos el cambio de la televisión digital y de la aplicación de la Ley de Medios como la oportunidad para ir a buscar un decodificador que nos permitirá ver más canales gratis y volver a encerrarnos en la comodidad de nuestras casas. El gobierno nacional ha creado un programa para incentivar financiera y técnicamente la producción local, y ha creado espacios para nuevos canales de televisión: en Santiago se ha otorgado una frecuencia para un canal al gobierno de la provincia, una para la Universidad Nacional, y se están licitando dos para empresas privadas y dos para organizaciones sin fines de lucro. No es suficiente repetirlo: la nueva ley es una oportunidad de tener una comunicación más plural, pero el beneficio no es gratis, hay que trabajar para conseguirlo. El problema es que estamos faltos de costumbre, no hay gimnasia participativa: se comete el error de esperar que el campo mediático se acomode solo. La hora que atravesamos exige otra dinámica. Pero como todo ejercicio que se emprende después de un letargo, cuesta gran esfuerzo. El Foro ha sido un puntapié para empezar a discutirlo con amplitud, y aunque en las universidades seguirá el trabajo, es necesario que se sumen todos los que puedan, para trabajar desde sus propios ámbitos de acción: en las productoras, en las organizaciones, en los medios de comunicación que ya existen, en los que vendrán, en las aulas y en la calle. La Ley implica un cambio de hábito, un cambio de actitud y un cambio de mirada acerca de los medios de comunicación. Implica una voluntad de apropiación de los espacios, de la palabra y de la imagen, una apropiación que no se consigue sin esfuerzo. Sin un compromiso y un involucramiento de los diversos actores sociales, el proceso quedará a mitad camino, y otra vez la torta será repartida entre los poderosos, o entre sus cortesanos. Referencias 1- El Foro sobre TV Digital y Ley de Medios en Santiago fue un evento organizado por el Proyecto Anpcyt “Santiago del Estero. Estructura, coyuntura y tendencias”. Nodo Unse y UNCuyo, dirigidos por María Isabel Silveti y Roberto Follari, y el Proyecto “Cultura, Sociedad y Poder”, dirigido por Ana Teresa Martinez. Ambos en el Instituto de Estudios Para el Desarrollo Social (Indes) de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse. Participaron como panelistas Marcelo Argañaraz (Cable Express/Santiago del Video), María Eugenia Alonso (Nodo Santiago del Estero del Programa Polos Productivos Audiovisuales), Pedro Gómez (docente-investigador UNT/Ucse), Roberto Follari (UNCuyo), y Carlos Sciascia (Círculo de Prensa de Santiago del Estero). |